Defensor del Pueblo exhorta al Estado a ser coherente con normas y acciones para la protección del jaguar
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n el marco de su intervención en la audiencia de Acción Ambiental Directa de medidas cautelares preventivas y de reparación integral por daño a la biodiversidad, denunciando la caza furtiva e ilegal y el tráfico de jaguares (Panthera onca), el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a todas las autoridades de las diferentes instancias del Estado a ser coherentes entre el marco normativo nacional y los convenios internacionales (Acuerdo de Escazú), “y lo que hacemos efectivamente en la práctica estatal”. Dicha argumentación del Defensor del Pueblo, se da en su calidad de amicus curiae (amigos de la corte) en la cual destacó la importancia de la salvaguarda del jaguar como componente de la Madre Tierra, la cual, el 2023 fue reconocida como sujeto de derechos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de una Acción Popular a favor de la protección del río Beni. Asimismo, estableció la urgente necesidad de que el Ministerio Publico y la Policía Boliviana realicen una exhaustiva y diligente investigación ante la caza furtiva y el tráfico internacional del jaguar y, se establezcan la responsabilidad de quienes afectan a la Madre Tierra, las comunidades y pueblos indígenas.
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os accionantes denunciaron ante el Tribunal Agroambiental, el biocidio y tráfico de jaguares en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías, Santa Cruz, y solicitó a los magistrados dictar medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat de jaguares, para frenar la caza de este animal emblemático en Bolivia. “Esta audiencia se constituye en una oportunidad para reencauzar esa orientación (normativa) que en algún momento se ha dispersado, se ha direccionado de una manera errónea (…)”, concluyó la autoridad. Junto al Defensor del Pueblo participó Mariana Da Silva de Wildlife Conservation Society - Bolivia (WCS), ONG internacional que trabaja en la conservación de zonas silvestres en el país, así como representantes de niveles estatales, defensores de medioambiente y poblaciones indígenas; además, de representantes del Tribunal Supremo Justicia. Ante estos alegatos, el Tribunal Agroambiental concedió la tutela, disponiendo que diferentes instituciones del Estado adopten medidas de protección pare el jaguar y su hábitat, así como a las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en aplicación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú y los artículos 13 y 109 de la Constitución Política del Estado, este miércoles en la ciudad de Sucre. “El Tribunal Agroambiental concedió tutela en la demanda de protección del jaguar y su hábitat; dispuso que las instancias competentes asuman medidas preventivas contra el tráfico del jaguar en puntos clave como aeropuertos y fronteras, se ratificó la pausa ambiental y la suspensión de solicitudes de quema, protegiendo el hábitat de este felino”, publicó el Defensor del Pueblo en su cuenta X, tras conocer las resoluciones judiciales.
Para fortalecer el sistema democrático
Defensor del Pueblo pide garantizar el “desarrollo normal de las elecciones generales”
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su preocupación por la “fragilidad institucional” que atraviesa el país, por lo cual, considera necesario “fortalecer el ámbito democrático” y de esta forma garantizar el desarrollo normal de las elecciones generales. En ese mismo sentido la institución defensorial emitió un Pronunciamiento que pide al TCP “garantizar el principio de preclusión”. Para Callisaya la elección general, prevista para el 17 de agosto, “debe realizarse con todas las condiciones de integridad, competitividad y publicidad además de la transparencia”. “Sin embargo, también es necesario afirmar el ambiente democrático y la sucesión democrática a la finalización de un periodo de gobierno. Es decir, las elecciones no se deben paralizar, debemos fortalecer el espacio de transición democrática”, acotó la autoridad defensorial.
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n ese sentido, la Defensoría del Pueblo, emitió un Pronunciamiento en el que pide al TCP “celeridad en el análisis de consultas y garantizar respeto al principio de preclusión”. “En el contexto del proceso electoral nacional 2025, la expectativa crece entre los pueblos indígenas originario campesinos, de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil organizada a nivel nacional respecto al pronunciamiento que pueda emitir el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en relación a la viabilidad de exigir la paridad en los binomios presidenciales y la demanda de participación efectiva y directa de las NPIOC en los comicios nacionales programados para el próximo mes de agosto”, señala el documento. A través del Pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo subraya “la necesidad de garantizar el estricto respeto al principio de preclusión, en plena concordancia con lo ya manifestado por el Órgano Electoral Plurinacional, a fin de asegurar la certidumbre y la transparencia del proceso electoral en su conjunto”.
Destacan aprobación de Proyecto de Ley que prohíbe el matrimonio infantil recogiendo recomendaciones del informe “Sueños Interrumpidos”
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ras la aprobación por la Cámara de Senadores, del Proyecto de Ley (PL) que modifica la Ley N° 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, sobre la prohibición del matrimonio de menores de edad, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, saludó esta aprobación “que prohíbe de manera absoluta el matrimonio de menores de 18 años”. Ante esto, la autoridad defensorial instó a la Cámara de Diputados a aprobar y sancionar esta norma con urgencia. “La Defensoría del Pueblo continuará vigilante. La niñez merece protección plena y sin retrocesos”, escribió en su cuenta de X (Twitter). Callisaya también remarcó que "Desde la @DPBoliviaOf, mediante el informe “Sueños Interrumpidos”, recomendamos derogar los artículos 139.II y 170 del Código de las Familias, que aún permiten esta práctica de forma excepcional". Por tal motivo, ponderó esta acción por estar en concordancia con la recomendación emitida en el señalado Informe. “Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas siguen siendo una práctica que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes en Bolivia.”, apuntó. La investigación defensorial, presentada en junio del 2024, evidenció que, desde la gestión 2014 a septiembre del 2023, el SERECI registró 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años, de las cuales, el 38% son de adolescentes de 16 años y el 62% de adolescentes de 17 años. Ante esta situación, en el mencionado informe, la institución defensorial recomendó “Derogar el artículo 139.II y III y artículo 170 del Código de las Familias y del Proceso Familiar”.
Plan Nacional de Voluntariado en Educación
Compromiso para promover derechos humanos se renueva con la participación de más de dos mil defensores voluntarios
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l Plan Nacional de Voluntariado en Educación en DD.HH. de la Defensoría del Pueblo para la gestión 2025 inició con la firma del compromiso de más de 2.200 defensores voluntarios de la modalidad individual y 109 de la modalidad institucional. Durante el acto de firma del compromiso, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó la importancia de los defensores voluntarios, pues se constituyen en “una extensión de la Defensoría del Pueblo para la promoción y defensa de los derechos humanos (…) es parte de una estrategia transversal que se articula con el trabajo técnico, territorial y educativo”. Para la autoridad defensorial, la participación de las y los defensores voluntarios, representa una “alianza ética entre ciudadanía e institución que apuesta por una sociedad más justa, empática y solidaria. Es también la consolidación de un voluntariado con identidad defensora, que asume con responsabilidad su rol en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos”. Para Ana Carolina Mamani, voluntaria individual del programa su prioridad es trabajar por los derechos humanos de los niños. “Lo que me incentiva a participar en el voluntariado son los niños, mi prioridad es que conozcan sus derechos; quiero aprender más, participar en ferias y así difundir más sobre el rol de la Defensoría del Pueblo”. Ramsés Negrete, miembro de la Sociedad Científica de Derechos de la Universidad del Valle (UNIVALLE), aseguro que su objetivo es “poder ayudar a las personas que no conocen sus derechos, para que puedan defenderse ante una vulneración. Por vocación queremos llegar a lugares donde (la Defensoría) no pueden llegar por falta de personal o presupuesto”.
Informe defensorial evidencia obstrucción sistemática al trabajo del MNP y exige a la Policía procesos disciplinarios
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a reiterada obstaculización al acceso del MNP a los centros de detención constituye una violación directa al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, así como a lo establecido por la CPE y la Ley N° 870, modificada por la Ley N° 1397, lo que conlleva a una presunción de riesgo para la integridad física y psicológica de las personas detenidas, señala la conclusión “d”, del Informe Defensorial “24 Días - Situación de la Conflictividad en Bolivia entre octubre y noviembre de 2024”. En ese sentido, exige procesos disciplinarios contra los funcionarios que patrocinaron esta obstaculización. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que, desde el Estado, hubo una obstaculización al trabajo del MNP. “Su labor fue sistemáticamente obstruida en su ingreso a la ANAPOL y la FELCC lo que obligó a la Defensoría del Pueblo a elevar una denuncia y una acción de libertad exigiendo que se permita ingresar al MNP para tener contacto con las personas privadas de libertad en cumplimiento a la normativa nacional y a los tratados internacionales”, apuntó. En el contexto de la conflictividad registrada entre octubre y noviembre de 2024, se constató que la Policía Boliviana impidió el acceso del personal defensorial a diversas dependencias policiales, evidencia el informe defensorial “24 Días”. Ante esto, una de las determinaciones defensoriales pide al Comando General de la Policía Boliviana “iniciar procesos disciplinarios en contra de los efectivos policiales que impidieron el ingreso del personal de la Defensoría del Pueblo en su calidad de MNP, así como de quienes habrían instruido impedir el ingreso a la ANAPOL y la FELCC La Paz entre el 1 y 2 de noviembre de 2024”. De la misma forma, la institución defensorial pide al Ministerio de Gobierno “garantizar el acceso irrestricto del personal de la Defensoría del Pueblo en su calidad de MNP, a todos los centros de detención, bajo responsabilidad funcionaria al servidor público policial”.
Título: “El chivé, alimento ancestral del Pueblo Indígena Cayubaba del departamento del Beni”
Autor: Estado Plurinacional de Bolivia
Título: Modelo de atención en los Servicios Integrales Municipales
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Informe Defensorial - Sueños Interrumpidos: Vulneración de derechos de niñas y adolescentes mujeres, emergentes de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas y del embarazo infantil forzado en Bolivia
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
