DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARTICIPA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL CONTRA LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE LA PAZ
28 de abril de 2025
La Paz, 28 de abril de 2025.- EL Comité Departamental Contra la Violencia en el ámbito Educativo de La Paz sesionó este lunes, por primera vez, para definir la elección y trabajo que desarrollarán los defensores estudiantiles para prevenir todo tipo de violencia en las unidades educativas.
“Como Defensoría del Pueblo formamos parte de este Comité Departamental contra la Violencia en el Ámbito Educativo; en ese sentido, nosotros trabajamos con los Defensores Estudiantiles para recabar información directa de los estudiantes y su entorno sobre los hechos de violencia y, con carácter de obligatoriedad, con los padres de familia, maestros y todo el plantel educativo en tareas de prevención”, precisó Francisco Rodríguez, Delegado Defensorial Departamental de La Paz.
Durante la primera sesión del comité se presentó el reglamento y fundamentación legal para su funcionamiento, trazaron los lineamientos y encomendaron acciones para la erradicación de la violencia en las unidades educativas; además del trabajo coordinado e interinstitucional que se debe ejecutar durante la gestión 2025.
“El trabajo de las y los Defensores Estudiantiles es importante en este ámbito ya que ellos velarán el cumplimiento de los derechos de los estudiantes, si acaso existiese alguna vulneración o debilidad; por otro lado, su función será coordinada con todos los actores educativos. También se impartirán cursos y talleres sobre la erradicación de la violencia en los establecimientos educativos de La Paz”, resaltó Samuel Morales, sub director de educación regular departamental de La Paz.
Al primer encuentro del Comité Departamental de prevención contra la violencia asistieron directores distritales, representantes de los Consejos Educativos, Juntas Escolares, Federaciones Urbana y Rural de Maestros y la Federación de Estudiantes de Secundaria.
La Elección de las Defensoras y Defensores estudiantiles es impulsada por la Defensoría del Pueblo desde la gestión 2023, en la actualidad es reconocida como una política pública del sistema educativo nacional para garantizar una convivencia pacífica y armónica.