Oficina - La Paz

La Delegación Defensorial Departamental de La Paz continua con el seguimiento a la situación de emergencia sanitaria ante el incremento de casos COVID-19 en el Centro Penitenciario de San Pedro, que reporta 137 privados de libertad que dieron positivo, de los cuales 127 son asintomáticos y 10 presentan síntomas leves.

La Delegación Defensorial del departamento de La Paz socializó con los estudiantes de la unidad educativa Julio Cordero del municipio de Quiabaya sobre el tema de la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Además la comunidad educativa se benefició con la entrega de material impreso sobre las tareas y funciones de la Defensoría del Pueblo, la sentencia constitucional referida a la interrupción legal del embarazo (ILE), entre otros temas que tienen la finalidad de que la población conozca sus derechos.

La Delegación Defensorial Departamental de La Paz, a través del director de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, Juan Carlos Limpias, conoció que en el penal de San Pedro existen 25 personas diagnosticadas con COVID-19 y que por este motivo se puso en marcha un plan de contingencia para evitar más contagios entre los internos de este recinto carcelario.

La Delegación Defensorial Departamental de La Paz realizó talleres de fortalecimiento de capacidades para los servidores públicos del municipio de Sica Sica sobre la “Guía de intervención a víctimas mujeres de violencia” y la “Guía de intervención para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”. 

La Delegación Defensorial Departamental de La Paz posibilitó la atención médica en el Servicio de Salud Mental (psiquiatría) del Hospital de Clínicas para B.N.M., una mujer de 24 años originaria del municipio de Patacamaya que presenta discapacidad mental.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa, y la presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de La Paz, Maribel Mita Carlo, firmaron hoy un convenio interinstitucional para fortalecer las capacidades en temas de prevención, atención y protección a las mujeres que en su condición de autoridades pudieran ser víctimas de acoso o violencia política, en el marco de Ley 243.