Oficina - La Paz

La Delegación Defensorial Departamental de La Paz realizó un recorrido por los hospitales municipales de La Portada, Cotahuma y el Tórax para verificar las condiciones para la atención a los pacientes COVID-19 y sobre todo hacer un seguimiento de la disponibilidad de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Además, personal de esta oficina defensorial visitó dos puntos de vacunación masiva instalados por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), uno en el monoblock y el otro en la Facultad de Medicina.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio Público a investigar las circunstancias en las que una bebé de siete meses resultó con serias quemaduras en el brazo izquierdo, provocadas por enfermeras del área de Pediatría del Hospital Materno Infantil.

Por invitación de la Asociación de Adultas y Adultos Mayores “Takenitaki”, personal de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz socializó entre los miembros de esta entidad la propuesta de Ley Municipal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y, además, expuso los aspectos generales de los derechos humanos y la Ley 369.

La Delegación Defensorial Departamental visitó el Hospital de la Mujer y los hospitales municipales La Merced, La Paz y Los Pinos con el objetivo de hacer el seguimiento a las determinaciones establecidas en el informe defensorial “Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como Derecho Humano de las Mujeres”. 

La Delegación Defensorial Departamental de La Paz, en coordinación con el Viceministerio de Defensa del Consumidor, gestionó la entrega del cuerpo de una persona fallecida por COVID-19 en el Hospital Metodista. La familia de la fallecida denunció que este nosocomio no entregaba el cuerpo debido a la falta de cancelación de una deuda de más de 150 mil bolivianos.

La Defensoría del Pueblo censura el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Boliviana en contra de trabajadoras del Hospital Juan XXIII, quienes llevan adelante una huelga de hambre en instalaciones del Arzobispado como medida de protesta por la no cancelación de sus salarios durante nueve meses.