Oficina - El Alto

El Alto, 31 de enero de 2025 (UCOM/UCREA). –  La Defensoría del Pueblo, gestionó con la Dirección de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha (GAMV), la atención médica y entrega del Complemento Nutricional "Carmelo", a 30 adultos mayores privados de libertad del Recinto Penitenciario de Chonchocoro, con el objetivo de garantizar su derecho a una vejez digna.

El Alto, 31 de enero de 2025 (UCOM/UCREA). – Por gestiones de la Defensoría del Pueblo, el ciudadano Kevin C. S. de 42 años, restituyó su derecho a la identidad, tras lograr el registro de la partida única de nacimiento y la obtención de su cédula de identidad, luego de enfrentar, desde hace 10 años, una serie de obstáculos para reponer sus documentos que fueron extraviados. 

Desaguadero, 30 de enero de 2025 (UCOM/UCREA). – La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional en Desaguadero, realizó el acompañamiento ante el Ministerio Público de Guaqui, a V. A. T, mujer víctima de violencia familiar y doméstica, con discapacidad visual, ante el presunto incumplimiento de la debida diligencia en un proceso iniciado en contra de su pareja. 

Desaguadero, 30 de enero de 2025 (UCOM/UCREA). - La Defensoría del Pueblo realizó un taller de capacitación sobre la Ley N° 870 del Defensor del Pueblo y la Ley N° 073 de Deslinde Jurisdiccional con Autoridades Indígena Originaria Campesinos de la comunidad originaria San Pedro de Desaguadero. 

Desaguadero, 29 de enero de 2025 (UCOM/UCREA) .- La Defensoría del Pueblo capacitó a 12 efectivos de la Jefatura Policial Fronteriza de Desaguadero en talleres presenciales donde se fortalecieron sus conocimientos sobre derechos humanos, la Ley N° 870 del Defensor del Pueblo y su rol como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia).

El Alto. 29 de enero de 2024 (UCOM/UCREA). - La Defensoría del Pueblo, encamina un verificativo interinstitucional en la Comunidad Jok'o Pampa del municipio de Carabuco del departamento de La Paz, ante la preocupación por la presunta omisión del control y fiscalización de las actividades mineras por parte de las autoridades del Estado, en sus diferentes niveles y que, según la denuncia de los comunarios se estarían contaminando las fuentes de agua.