DEFENSOR DEL PUEBLO EXHORTA AL ESTADO A SER COHERENTE CON NORMAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL JAGUAR COMO PARTE DE LA MADRE TIERRA
23 de Abril de 2025 04:07 pm
Chuquisaca - Sucre, 23 de abril de 2025 (UCOM/DPB).- Ante la caza furtiva y la expansión agrícola que ponen en riesgo la preservación del jaguar y su hábitat como componente de la Madre Tierra en Bolivia, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhorta al Estado a ser coherente con las normas nacionales, convenios internacionales y las acciones para su protección.
“Exhortar a todas las autoridades presentes y representantes de las diferentes instancias del Estado a que seamos coherentes entre el marco normativo nacional y los convenios internacionales (Acuerdo de Escazú), y lo que hacemos efectivamente en la práctica estatal”, dijo el Defensor en la audiencia presencial pública que se llevó adelante hoy en el Tribunal Agroambiental en la ciudad de Sucre.
Las declaraciones de la autoridad se dan en su calidad de amicus curiae (amigos de la corte) en la audiencia de Acción Ambiental Directa de Medidas Cautelares preventivas y de reparación integral por daño a la biodiversidad, denunciando la caza furtiva e ilegal y el tráfico de jaguares (Panthera onca) y sus partes, en la región del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, departamento de Santa Cruz.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo destacó la importancia de la salvaguarda del jaguar como componente de la Madre Tierra, la cual, el 2023 fue reconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de una Acción Popular a favor de la protección del río Beni, que lo registra como sujeto de derechos.
Asimismo, estableció la urgente necesidad de que el Ministerio Publico y la Policía Boliviana realicen una exhaustiva y diligente investigación ante la caza furtiva y el tráfico internacional del jaguar y, se establezcan la responsabilidad de quienes afectan a la Madre Tierra, las comunidades y pueblos indígenas.
En el marco del principio precautorio, Callisaya instó a que se pueda dar curso a las medidas solicitadas por la parte accionante, así como la adopción de medidas de reparación de daño causado al jaguar y a la Madre Tierra, incluyendo la restauración de su hábitat afectado y la implementación de programas de conservación a largo plazo.
Asimismo, solicitó se considere la aplicación del Acuerdo de Escazú en la determinación de las medias adoptadas, así como promover la cooperación interinstitucional y las entidades nacionales, con las organizaciones de la sociedad civil, comunidades y pueblos indígenas para fortalecer la protección del jaguar, y para la conservación de la biodiversidad en Bolivia.
“Esta audiencia se constituye en una oportunidad para reencauzar esa orientación (normativa) que en algún momento se ha dispersado, se ha direccionado de una manera errónea, en el sentido que, los derechos medioambientales se puede mirar de una perspectiva antropocéntrica y no desde una mira holística; de tal manera que los componentes de la Madre Tierra, como el jaguar pueda ser sujeto de protección jurisdiccional basada en su cualidad como componente de un sistema que es reconocido en la normativa nacional e internacional”, concluyó.
Cabe recordar que, en marzo de la presente gestión, el Tribunal Agroambiental emitió un auto de admisión de una Acción Ambiental Directa de Medida Cautelar Preventiva para la conservación del jaguar y su hábitat. El Defensor del Pueblo participa como amicus curiae para la presentación de argumentos al tribunal en defensa del jaguar como componente de la Madre Tierra.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARTICIPA COMO AMIGO DE LA CORTE EN LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
Los accionantes denunciaron ante el Tribunal Agroambiental, el biocidio y tráfico de jaguares en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías, Santa Cruz, y solicitó a los magistrados que dicten medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat de jaguares, para frenar la caza de este animal emblemático en Bolivia.
De la audiencia junto al Defensor del Pueblo participó Mariana Da Silva de Wildlife Conservation Society - Bolivia (WCS), ONG internacional que trabaja en la conservación de zonas silvestres en el país, así como representantes de niveles estatales, defensores de medioambiente y poblaciones indígenas; además, de representantes del Tribunal Supremo Justicia.