Gestor de Notas de Prensa

Un total de 776 personas concluyeron de forma satisfactoria los seis cursos virtuales sobre derechos humanos que la Defensoría del Pueblo habilitó, a nivel nacional, durante los meses de marzo, abril y mayo, periodo que abarcó la cuarentena total que se dispuso en el país frente a la pandemia de la COVID-19.

La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades judiciales liberar a Patricia Hermosa, ante la evidencia de que esta persona se encuentra con detención preventiva como resultado de una aprehensión ilegal y persecución política; quien, además, es objeto de violencia de género a través de declaraciones que buscan estigmatizarla afectando su dignidad. 

La Defensoría de Pueblo, este lunes, remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para normar situaciones que limitan derechos fundamentales en un Estado “sui generis” que vive el país como resultado de la emergencia sanitaria y la propagación de la pandemia COVID-19. 

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía Departamental de Beni iniciar una acción penal por actos de tortura cometidos por efectivos militares de la Fuerza Naval de San Ignacio de Moxos, en contra de tres personas que fueron detenidas en mayo pasado, supuestamente, por infringir la cuarentena, hechos que fueron investigados por la Delegación Defensorial de Beni tras conocer las denuncias.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó preocupación por la decisión del Gobierno de eliminar los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación, porque ahondaría la desatención de sectores fundamentales para el Estado, como son los gestores culturales y los deportistas.

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno central y a las entidades territoriales autónomas a activar acciones integrales y urgentes para la protección de los pueblos indígenas frente a la pandemia de la COVID-19, ante el riesgo de extinción física y cultural de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como el pueblo Yuqui, que en una muestra de siete personas, se detectó cuatro positivos y tres en espera de sus resultados.

La Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades del Gobierno que tienen la obligación constitucional de resguardar la privacidad, intimidad y dignidad de todos los pacientes enfermos de COVID-19 y les solicitó se abstengan de emitir criterios reñidos con el ordenamiento jurídico nacional.

La Defensoría del Pueblo lamentó el alejamiento forzado del periodista Junior Arias de la actividad periodística en la Red Gigavisión, producto de las amenazas y amedrentamientos recibidas por parte del Gobierno, a fin de precautelar la seguridad de su familia que sería objeto de seguimiento policial.

La Defensoría del Pueblo, tras conocer que tres periodistas de Bolivia Tv. dieron positivo al coronavirus y que ese canal estatal no estaría garantizando la protección de sus trabajadores frente a la enfermedad, pidió al Ministerio de Comunicación informar sobre las medidas de bioseguridad que se están implementando en los medios estatales.

La Defensoría del Pueblo planteó al Gobierno incluir a los actores sociales en la construcción, implementación, control de estrategias y mecanismos para evitar la propagación del coronavirus una vez concluya la cuarentena total; asimismo, pidió acciones urgentes para replantear las medidas de promoción de la salud y prevención de la COVID-19, incluyendo un enfoque de derechos humanos e intercultural, a fin de generar aceptación y accesibilidad en la población.