Gestor de Notas de Prensa

Una de las funciones institucionales de la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones, es la de impulsar la acción sensible al conflicto y la gestión pacífica de la conflictividad en instituciones del Estado y actores de la sociedad, desde el enfoque de derechos humanos y la cultura de diálogo y paz. En ese marco, las acciones defensoriales son constantes y permanentes en sus veintiún oficinas a nivel nacional en contacto directo con diferentes sectores y actores sociales, siempre en busca de facilitar el diálogo y prevención de situaciones de conflictividad. 

La Paz, 13 de septiembre 2024.- La Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizó el seguimiento al caso del activista ambiental, Juan Giacoman, aprehendido la noche del pasado miércoles, logrando su liberación tras gestiones realizadas por la Delegación Defensorial Departamental de La Paz. 

Caraparí, 12 de septiembre de 2024 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, arribó este jueves al municipio de Caraparí, en el departamento de Tarija, para suscribir un convenio interinstitucional con los GAM de Villamontes y Caraparí, que posibilitará que la institución ejecute sus proyectos y programas en dichos municipios, en el marco de la promoción y difusión de los derechos humanos.

Ante los recientes hechos suscitados en contra de activistas ambientales que realizaban manifestaciones de protesta por los incendios forestales, la noche del 11 de septiembre del año en curso, la Defensoría del Pueblo recuerda al Estado que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido un marco jurisprudencial sólido que busca garantizar que el uso de la fuerza se realice de manera legítima, necesaria y proporcional, siempre respetando los derechos humanos.

La Paz, 12 de septiembre del 2024.- La Defensoria del Pueblo en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), a través de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz, verificó la situación de salud y de derechos del activista ambiental Juan Giacoman, quien fue aprehendido la noche del 11 de septiembre en cercanías de la plaza  Murillo, acusado por la supuesta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.

La Paz, 11 de septiembre de 2024 (UCOM/DPB). – En el marco de sus competencias constitucionales, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó una Acción Popular contra tres ministros de Estado, tres gobernadores y doce alcaldes, por no haber atendido oportunamente los incendios forestales que actualmente proliferan en el país y que son catalogados por la autoridad como un desastre ecológico.

La Paz, 11 de septiembre (UCOM/DPB). – La mañana de hoy miércoles, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, interpuso ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una Acción Popular en contra de tres ministros de Estado, tres gobernadores departamentales y doce alcaldes municipales, por no haber atendido oportunamente los incendios forestales que actualmente proliferan en el país y que son catalogados como un desastre ecológico. 

El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina que contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Fue suscrito en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y desde entonces varios países, entre ellos Bolivia, lo han ratificado.

La Paz, 10 de septiembre de 2024 (UCOM/DPB). – En el marco de las competencias conferidas por la Constitución Política del Estado (CPE), la Defensoría del Pueblo evalúa las acciones que ejecutará en protección de los indígenas que resultaron afectados por los incendios en el municipio de Concepción y en tres municipios de la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz.

La Paz, 10 de septiembre de 2024 (UCOM/DPB). – La Encuesta Nacional “Vulneraciones a los Derechos Humanos en la Labor Periodística”, realizada por la Defensoría del Pueblo entre mayo y junio de este año en todo el territorio nacional, develó que el 64,8% de los consultados afirmaron haber sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos durante el ejercicio de su profesión.