Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo advirtió de la existencia de amenazas a la independencia judicial en el país, lo cual se ve reflejado en la detención del juez Hugo Huacani, por una denuncia de prevaricato interpuesta por el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Gustavo Melgar, tras haber dispuesto la modificación de medidas cautelares en un causa ordinaria en la que el Gobierno es parte.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza las actitudes violentas de pobladores de Mairana que este vienes agredieron a periodistas que realizaban la cobertura de la protesta que protagonizan en ese sector.

La Defensoría del Pueblo, tras un seguimiento a la implementación de laboratorios para la realización de pruebas de COVID-19, observó que a más de dos meses del inicio de la emergencia sanitaria, el Gobierno aún no puso en funcionamiento estos ambientes en todos los departamentos del país, no obstante de contar con los equipos e insumos, lo cual es una afectación a la salud de la población boliviana, por lo que exigió, de manera inmediata, poner en funcionamiento estos centros y asegurar la dotación de insumos y reactivos necesarios y suficientes.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobernador del Beni, Fanor Amapo, declarar, de forma urgente e inmediata, “desastre o emergencia” en ese departamento y en consecuencia, solicite de forma diligente la asistencia del Gobierno central para la atención de las necesidades emergentes por la propagación del COVID-19 en esa región.

Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, los vecinos autoconvocados de los distritos 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 15 de la ciudad de Cochabamba, la noche de ayer, firmaron un acuerdo con las autoridades de la Gobernación del Departamento y el Gobierno Municipal de Cochabamba para levantar el bloqueo de calles. La Defensoría del Pueblo ya cumple con sus compromisos plasmados en el documento pactado.

La Defensoría del Pueblo, a través de una verificación, identificó la vulneración de derechos de más de 1.600 personas adultas mayores que se encuentran en 28 centros de acogida, quienes enfrentan limitaciones para acceder a alimentos, medicamentos, atención interdisciplinaria y otras necesidades básicas, debido a que, por la cuarentena dispuesta por el Gobierno, se les dificulta el cobro de la Renta Dignidad, jubilación y el bono Canasta Familiar.

La Defensoría del Pueblo destacó el inicio del diálogo para buscar resolver el conflicto en el sector de K’ara K’ara, en Cochabamba; sin embargo, cuestionó la ausencia del Gobierno que muestra la falta de voluntad del para coadyuvar en la resolución de las demandas de los pobladores del lugar.

La Defensoría del Pueblo rechazó y expresó su preocupación por los anuncios públicos de grupos particulares o civiles como los de la denominada agrupación Resistencia Juvenil Cochala, que bajo el argumento de “proteger” a la ciudad de Cochabamba, intentan ejercer acciones de seguridad, control o negociación que son exclusivas del Estado.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la población de Caranavi a deponer actitudes que atenten contra la integridad del personal de salud desplegado en esa población y demandó al Estado, a través del Ministerio de Salud, a otorgar garantías a esos trabajadores que fueron atacados y amenazados por pobladores de ese municipio, cuando guardaban una cuarentena preventiva por contacto con pacientes positivos de COVID-19.

La Defensoría del Pueblo solicitó a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Salud, a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional  informar, supervisar e investigar la compra de 170 unidades de respiración artificial destinadas al tratamiento de los enfermos con el COVID-19.