Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, en un seguimiento al trabajo que realizan 56 Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) en distintos municipios del país, durante este periodo de cuarentena por el COVID-19, identificó deficiencias en la atención de casos de violencia y que éstas no se encuentran desplegando todo su potencial en realizar acciones oportunas para proteger a esta población.

La Defensoría del Pueblo ve con preocupación las últimas manifestaciones de descontento social que se registran en diferentes regiones del país y que tiene como actores a pobladores del sector de K’ara K’ara en Cochabamba, en el municipio de Yapacaní, comunarios de Macha en el Norte de Potosí y vecinos de algunas zonas de la ciudad de El Alto, que demandan medidas adecuadas para retornar a sus actividades laborales y económicas para enfrentar la afectación económica que les habría provocado la cuarentena total.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno a que las medidas adoptadas para enfrentar al COVID-19 no agraven las desigualdades que enfrentan las personas LGBT y, por el contrario, le insta a sensibilizar al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía para prevenir actos de discriminación y violencia en contra de esta población.

La Defensoría del Pueblo observó que, a dos semanas de haberse aprobado el Decreto Presidencial 4226 de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias, no existe ninguna persona privada de libertad beneficiada con estas medidas, por lo que demandó a las instancias competentes, celeridad y eficiencia en la implementación de acciones y mecanismos para cumplir con lo dispuesto en esa normativa.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este jueves, presentó dos acciones de inconstitucionalidad abstracta, en contra de los decretos que viabilizan la introducción de semillas transgénicas en el país y restringen la libertad de expresión en cuanto a temas referidos a la pandemia del COVID-19, porque considera que son inconstitucionales, entre otras razones.

La Defensoría del Pueblo demandó al Estado la aplicación de medidas para garantizar la salud de los privados de libertad, así como acciones para descongestionar las cárceles del país, ante los riesgos de contagio del COVID-19 que enfrenta esta población vulnerable.

La Defensoría del Pueblo lamenta la violencia que se protagoniza en la víspera en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde grupos de personas salieron a las calles  e instalaron puntos de bloqueos para protestar por la ampliación de la cuarentena, la falta de pago de los bonos, incumplimiento en el descuento del pago de los servicios básicos, además de exigir que se realicen las elecciones generales.

La Defensoría del Pueblo investiga la posible vulneración de la estabilidad, continuidad e inamovilidad laboral, en plena crisis sanitaria, de aproximadamente 500 maestras y maestros de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) y en los Programas de Formación Complementaria para Actores del Sistema Educativo Plurinacional (PROFOCOM-SEP).

La Defensoría del Pueblo observa que el Decreto Supremo 4232, de 7 de mayo de este año, está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

La Defensoría del Pueblo, este 10 de mayo, cuando se conmemora el Día del Periodista Boliviano,   expresa respeto y admiración por el trabajo que desarrollan las y los trabajadores de la prensa, quienes se encuentran en primera línea en las coberturas noticiosas en este contexto tan adverso por el COVID-19, situación que incrementa los riesgos a su seguridad en todas sus dimensiones.