Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo habilitó dos nuevos cursos virtuales: “Derechos Humanos para Servidores Públicos” y “Derechos Humanos y Función Penitenciaria”, dirigidos, exclusivamente, a servidores públicos y personal de régimen penitenciario a nivel nacional. Se podrán registrar ingresando al Aula Virtual de la página web de la institución www.defensoria.gob.bo, a partir de este 26 hasta el 30 de abril o hasta cumplir los cupos establecidos.

La Defensoría del Pueblo calificó de irresponsable, inaceptable y un atentado a la salud pública el hecho de que personas de distintos sectores no tomen conciencia de la gravedad de la situación sanitaria por la que atraviesa el país y el riesgo en el que colocan a la población y a sus familiares al incumplir con las medidas de prevención y de cuarentena establecidos por el Gobierno a través del Decreto Supremo 4199, situación que puede incidir en una propagación descontrolada del coronavirus.

Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota oficial dirigida a la Presidente transitoria, Jeanine Áñez, este martes, le pidió adoptar medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de las personas con diferentes tipos de discapacidad (visual, auditiva, intelectual, mental o psíquica, física-motora y múltiple), a través de dotación de productos alimenticios o asistencia económica y productos de limpieza y sanitizadores.

A fin que en este periodo de cuarentena total la población pueda aprovechar para fortalecer sus conocimientos sobre derechos humanos, la Defensoría del Pueblo habilitará desde este martes, dos cursos virtuales: “Formación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos” y “Trata de Personas y Derechos Humanos”.

En cumplimiento de lo que dispone el numeral 7 del artículo 222 de la Constitución Política del Estado, que señala entre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo el “ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción”, esta institución, durante el periodo que dure la declaratoria de cuarentena total en todo el territorio nacional, no suspenderá sus servicios a la población y continuará trabajando en la atención de los casos y/o denuncias sobre vulneración de derechos humanos que puedan presentarse.

La Defensoría de Pueblo informa que de acuerdo al Decreto Supremo N° 4196 referente a la declaratoria de emergencia por el coronavirus COVID-19, las personas con enfermedades de base, personas adultas mayores, personas embarazadas y los padres o madres o tutores de niños menores a 5 años, gozan de una licencia especial con goce de haberes. Para efectivizar este derecho deberán descargar formularios de la página web https://www.mintrabajo.gob.bo, o solicitarlos a su empleador, una vez llenado el formulario deberá ser entregado en la propia institución donde desempeña sus labores y esta licencia entrará en vigencia al día siguiente de su presentación hasta el 31 de marzo del 2020. 

Cabe aclarar, que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 4196, de 17 de marzo de 2020, referido a MEDIDAS LABORALES PREVENTIVAS fue anulado por las DISPOSICIONES DEROGATORIAS del Decreto Supremo N° 4199 del 21 de marzo de 2020.

Ante el pedido de algunos sectores de que se dicte la declaratoria de una cuarentena nacional, la Defensoría del Pueblo, en caso de asumirse esa medida, exige al Gobierno a tomar previsiones y acuerdos para garantizar, mínimamente, la alimentación y los servicios básicos de los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad, que son los que adquieren su sustento día a día; el no hacerlo implicaría vulnerar el derecho a la alimentación y las mínimas condiciones de vida.

La Defensoría del Pueblo alerta que los anuncios gubernamentales de “ciberpatrullaje en redes sociales”, podrían derivar en persecuciones penales que resultarían contrarias a la libertad de expresión, consagrada en las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo denuncia que el cierre de las carceletas rurales, como anunció el Gobierno, provocará vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, debido a que su traslado a las cárceles urbanas podría agravar el hacinamiento y las condiciones de vulnerabilidad en las que viven.